Imaginen que un individuo comete una ilegalidad. Imaginen que otras personas lo denuncian y que un tribunal de justicia lo juzga y lo condena. Hasta ahí, todo normal. Lo extraño sería que se afirmara que la culpa de todo lo acontecido es de los que han denunciado la ilegalidad y del tribunal que ha aplicado la ley. Pues en esas estamos: ante el fallo del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de parte del Estatuto de Autonomía de Catalunya, resulta que la culpa la tienen el Tribunal Constitucional por aplicar la Constitución que está obligado a aplicar, y el Partido Popular por recurrir lo que ya advirtió de que era inconstitucional antes de ser aprobado. Por el contrario, resulta que los que crearon un Estatuto con trazas declaradas de inconstitucionalidad, se permiten señalarlos con el dedo. Pero el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia. Ha declarado radicalmente inconstitucional una parte del Estatuto de Autonomía catalán y se ha visto forzado a reinterpretar otra parte para poder salvarla de la quema. A los que somos especialistas en Derecho Público nos sorprende el reduccionismo de si se ha tocado más o menos porcentaje, siendo el peso de la parte recortada lo verdaderamente relevante. Resumiendo, se niega eficacia jurídica e interpretativa a que se declare que Catalunya es una nación política diferenciada de la nación española; se declara inconstitucional la declaración de independencia del poder judicial catalán y del defensor del pueblo catalán; se declara inconstitucional que la lengua catalana sea preferente a la castellana; y se declara inconstitucional que la Generalitat se apropie de la competencia legislativa en financiación local y en cajas de ahorro.